En Nicaragua puede ser estimado que aproximadamente la mitad de
laproducción total de madera de color, y el 40-45% de la producción total de la madera de pino, es clandestina. Mucho de lo que queda es también madera de origen ilícito, que inicia un proceso de legalización a posteriori mediante subasta, gestión de diferentes permisos (corte, transporte) y el pago de ciertos impuestos y multas. Los siguientes estudios de caso y temáticos analizan las dinámicas de las cadenas de comercialización de la tala ilegal; las fallas legales, políticas e institucionales que son las causas fundamentales del problema; y sus impactos gubernamentales, económicos, sociales y ambientales.

El principal desafío que enfrentan las poblaciones pobres en las regiones estudiadas para revertir el deterioro que sufren, podría ser el fortalecimiento de su control social responsable sobre el uso de los recursos forestales de su territorio. El marco legal y las políticas aplicadas desde hace 50 años (y más) simplemente no reconocen derechos apropiados a quienes siembran y auspician árboles. Debido a trámites complejos para conseguir permisos y los costos de transacción asociados (aún para cortar árboles en sus proprias parcelas), los pequeños productores se ven a menudo obligados a ignorar la ley.

A nivel institucional, se manifiestan tanto en El Castillo, como en Rosita, conflictos abiertos entre el poder municipal y el INAFOR, en torno al cobro y repartición de los impuestos, lo que facilita la defraudación y malversación de los recursos captados. Hay pocos recursos para implementar la ley. En lLa Municipalidad de Puerto Cabezas, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) tiene solamente un oficial, dos asistentes, una secretaria y una motocicleta para cubrir 15,000 kilómetros cuadrados (1.5 millón de hectáreas). A la vez la aprobación de los planes de manejo bajo la competencia exclusiva del INAFOR, y fuera del control de la sociedad local, lo hace vulnerable a la corrupción y manejo técnico inadecuado.

Barreras a la legalidad, buen gobierno del sector forestal e impacto sobre la pobreza en Nicaragua

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Las pérdidas fiscales totales de la tala ilegal en Nicaragua fueron estimadas entre $4-8 millones de dólares, incluyendo impuestos forestales a nivel nacional y municipal, impuestos sobre la renta, y el ‘desgaste’ de la ayuda internacional y del gasto público nacional en favor del manejo forestal. Esto es equivalente al costo de proporcionar viviendas a aproximadamente 3,000 personas por año, en 600 casas; o a emplear 5,000 maestros quienes ayudarían a educar a aproximadamente 150,000 niños; o a proveer asistencia técnica a 3,000 agricultores.

La ilegalidad trae beneficios inmediatos para la gente pobre. Sin embargo, los estudios de casos revelan también altos costos para los pobres y para la nación. Los productores de madera (sean estos obreros forestales o productores de árboles) reciben una fracción muy desigual del valor creado (entre 5 y 10%), sea o no legal la extracción. El comercio de la tala ilegal empeoriza tanto los conflictos alrededor de las áreas boscosas, como los abusos de poder de parte de líderes comunitarios motivados por ganancias personales. El involucramiento de grupos armados en algunas áreas ha aumentado la inseguridad.

Los bosques estudiados se encuentran en proceso de degradación y destrucción (en particular las poblaciones de Caoba y Cédro) a causa de prácticas inadecuadas y en particular de los incendios no controlados.