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Las pérdidas directas para
las finanzas públicas han sido estimadas en 11-18 millones
de US$ en Honduras y 4-8 millones de US$ en Nicaragua (incluyendo
tanto las pérdidas de impuestos como el ‘desperdicio’
de fondos públicos). El valor económico bruto de la
madera ilegal ha sido estimado en 55-70 millones de US$ en Honduras
y 20-30 millones de US$ en Nicaragua.
A nivel de gobernabilidad, la tala
incontrolada contribuye a aumentar la vulnerabilidad al clientelismo
y la corrupción de las instituciones gubernamentales competentes;
debilita el sistema administrativo público del sector forestal
y los mecanismos de control; y además mina a la base los
principios (y la posibilidad de éxito) de la forestería
comunitaria.
La producción forestal
ilícita erosiona los activos que influyen en los medios de
vida de los pobres. En áreas rurales remotas contribuye además
al desarrollo de un contexto de difusa ilegalidad, ligándose
con otras actividades criminales, e incrementando conflictos y violencia.
Constituye una competencia desleal
en contra de los esfuerzos de manejo forestal, disminuyendo significativamente
su viabilidad económica. Además contribuye al deterioro
de los recursos forestales, con la asociada pérdida de servicios
ambientales.
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