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En Honduras se puede estimar que aproximadamente el 75-85 por |
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Mucho de la demás es ‘legalizada’ – legal del punto de vista jurídico (acompañada por documentos y permisos), pero en realidad producida fraudulentamente – a veces en forma deliberada y planificada (el llamado ‘lavado de madera’), y a veces por la efectiva dificultad de cumplir todos los requisitos legales (sobre todo por los altos costos formales e informales asociados a numerosos trámites engorrosos). Los siguientes estudios de caso y temáticos analizan las dinámicas de las cadenas de comercialización de la tala ilegal; las fallas legales, políticas e institucionales que son las causas fundamentales del problema; y sus impactos gubernamentales, económicos, sociales y ambientales |
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Se llevaron a cabo trés estudios de caso a nivel micro para documentar y analizar la tala ilegal del bosque latifoliado de Honduras, respectivamente en el valle del Río Paulaya (Colón), en el municipio de Dulce Nombre de Culmí (Olancho), y en el departamento de Atlántida en la Costa Norte del país. Se escogieron estos sitios para capturar una diversidad de escenarios, incluyendo la producción tanto para el mercado doméstico como para la exportación. Los trabajos documentan el papel de una diversidad de actores en la tala ilícita, incluyendo líderes comunitarios, cooperativas y pequeños grupos de productores, madareros y comerciantes (incluyendo compradores para compañías de exportación), y oficiales del gobierno. |
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La tala incontrolada contribuye a aumentar la vulnerabilidad al clientelismo y la corrupción de las instituciones gubernamentales competentes; debilita el sistema administrativo público del sector forestal y los mecanismos de control; y además mina a la base los principios y el funcionamiento del Sistema Social Forestal del país. Al mismo tiempo hay importantes barreras a la legalidad en el sector forestal, que terminan por favorecer y perpetuar la ilegalidad. Estas barreras no incluyen solamente los obstáculos efectivos a la legalidad (que dificultan o hacen impracticable el cumplimiento del marco legal), sino también las inducciones o estímulos a la ilegalidad. Los obstáculos más relevantes conciernen (i) la confusión e inseguridad sobre la tenencia de la tierra; (ii) ‘fallas’ en el marco legal, tal como los altos costos de transacción ligados a trámites legales y administrativos engorossos (por ej., para obtener la aprobación de los planes de manejo); (iii) debilidades institucionales; (iv) falta de información; y (v) factores económicos.
Importantes estímulos a la ilegalidad son (i) los limitados riesgos penales asociados a los delitos forestales (escasa probabilidad de detección y sanción efectiva); (ii) la vulnerabilidad a la corrupción de las instituciones públicas; y (iii) el contexto local en áreas forestales remotas, con bajos niveles de gobernabilidad y la formación de estrechos vínculos entre diferentes actividades ilícitas.
La estimación de las pérdidas de las finanzas públicas (impuestos forestales e impuestos sobre la renta), y del desperdicio del gasto público y de la ayuda internacional para el manejo forestal, suma un valor de 11-18 millones de dólares por año. Esto equivale aproximadamente al presupuesto anual de AFE-COHDEFOR ($16 millones en el 2003), o a la sumatoria de los presupuestos del Instituto Nacional de la Niñez y de la Familia ($6 millones), el Instituto Nacional de la Mujer ($0.5 millón), del Patronato Nacional de la Infancia ($3.2 millones), y de Banco Nacional Suplidor de Productos Básicos (BANASUPRO) ($5.1 millones). La producción forestal incontrolada erosiona los medios de vida de los pobres. En áreas rurales remotas contribuye además al desarrollo de un contexto de difusa ilegalidad, ligándose con otras actividades criminales (como narcotráfico, abigeato, tráfico de animales silvestres y armas, robos, etc.), e incrementando conflictos y violencia. Constituye una competencia desleal en contra de los esfuerzos de manejo forestal, disminuyendo significativamente su viabilidad económica. Además contribuye al deterioro de los recursos forestales, con la asociada pérdida de servicios ambientales.
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